Durante el gobierno de Alberto y Cristina, Argentina empeoró en el índice de corrupción mundial
Durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en Argentina (2019-2023), el país experimentó un deterioro significativo en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional. En el año 2023, Argentina cayó 5 puntos en el IPC, retrocediendo 20 posiciones en el ranking mundial, obteniendo 37 puntos sobre 100 posibles y ubicándose en el puesto 98 entre 180 países.
Estos resultados marcaron una grave caída con respecto a la gestión previa de Mauricio Macri, donde en 2019 el país alcanzó su mejor posición en la última década, ocupando el puesto 66 con una puntuación de 45/100.
Las razones del empeoramiento se atribuyen a decisiones durante el gobierno de Alberto y Cristina, como la retirada de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera como querellantes en casos de corrupción contra el kirchnerismo.
También se destacan ataques a jueces, fiscales y periodistas, así como escándalos como las fiestas en la residencia presidencial de Olivos y el vacunatorio VIP durante la pandemia de COVID-19. La falta de esfuerzos significativos en la lucha contra la corrupción y la intervención política en el poder judicial se señalan como factores contribuyentes.
El director ejecutivo de Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional, Pablo Secchi, señaló que Argentina está estancada en la lucha contra la corrupción y carece de un abordaje integral. A su vez, el nuevo titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, negó un pacto de impunidad y expresó preocupación por el índice, llamando a consultas a organizaciones preocupadas por la lucha contra la corrupción.
A nivel regional, el informe destaca que la falta de independencia judicial en las Américas socava el Estado de derecho, promoviendo la corrupción y la impunidad. Solo dos países, Guyana y República Dominicana, mejoraron sus puntajes en la última década, mientras que el resto se estancó o retrocedió. El llamado general es a otorgar a los sistemas de justicia la independencia y recursos necesarios para combatir eficazmente la corrupción.
En cuanto a los datos más destacados del informe a nivel global sobresalen los siguientes:
– Dinamarca (90) encabeza el índice por sexto año consecutivo, seguido de cerca por Finlandia y Nueva Zelanda con puntuaciones de 87 y 85, respectivamente. Debido al buen funcionamiento de sistemas de justicia, estos países también se encuentran entre los primeros puestos en el Índice de Estado de Derecho.
– Somalia (11), Venezuela (13), Siria (13), Sudán del Sur (13) y Yemen (16) ocupan las posiciones inferiores en el índice. Todos estos países se ven afectados por crisis prolongadas, en su mayoría conflictos armados.
– Hay 23 países, entre ellos algunas democracias, que ocupan posiciones altas como Islandia (72), los Países Bajos (79), Suecia (82) y el Reino Unido (71), al igual que algunos estados autoritarios como Irán (24), Rusia (26), Tayikistán (20) y Venezuela (13), que este año están en niveles mínimos históricos.
– Desde el año 2018, 12 países han registrado un descenso significativo en las puntuaciones del IPC. La lista incluye a países de ingresos bajos y medianos como El Salvador (31), Honduras (23), Liberia (25), Myanmar (20), Nicaragua (17), Sri Lanka (34) y Venezuela (13), así como a economías de ingresos medianos-altos y altos como Argentina (37), Austria (71), Polonia (54), Turquía (34) y el Reino Unido (71).
– Durante ese mismo período, ocho países mostraron mejoras en el IPC: Irlanda (77), Corea del Sur (63), Armenia (47), Vietnam (41), Maldivas (39), Moldavia (42), Angola (33) y Uzbekistán (33).
