«Seguridad Pública en la mira: Estadísticas delictuales sesgadas de Capitanich
*Por Livio Fernández (Segunda parte: Relación entre delitos e indicadores económicos)
«El gobernador Jorge Capitanich sostuvo, en la reunión del Consejo Provincial de Seguridad Pública (CPSP) a fines de 2019 que “hay una correlación directa entre la reducción de delitos y los indicadores de desarrollo y crecimiento” en el Chaco, utilizando como fuente de información las “estadísticas oficiales” del Sistema Único de Estadísticas Delictuales (SUED) de la Policía.
Graficó la situación afirmando que hubo un pico máximo de delitos en 2002, tras la crisis económica en Argentina, y un menor índice relativo entre 2011 y 2015, “años en donde la tasa de evolución de Producto Bruto Geográfico Provincial fue la más alta, la tasa de desempleo la más baja y la reducción de la indigencia y la pobreza también”.
También señaló que “esto llevó prácticamente a entender las dos puntas del sistema: casi 50 mil delitos en el año 2002 contra 23 mil en el 2011, la menor tasa de delitos en la serie histórica de casi los últimos 20 años” en el Chaco.
Las conclusiones a las que arribó el gobernador no son verificables con los reportes de hechos delictuosos de la Policía, sin tener en cuenta las estadísticas del Poder Judicial, y sin realizar un adecuado análisis de los subregistros o “cifras negras” de la criminalidad.
Sobre la base de estadísticas delictuales de nuestro país, y de alrededor de 40 países del mundo occidental, se estudió hace más de una década la correlación de los delitos e indicadores económicos como por ejemplo el índice de desigualdad o coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de ingresos en un país. Por comparación de valores empíricos, ante aumentos en la desigualdad social se verificaron movimientos ascendentes en la curva de delitos que acompañaban ese crecimiento, determinándose la correlación entre desigualdad social y delitos. Este estudio permitió desestimar la percepción social que suele relacionar el aumento de los delitos con el aumento de la pobreza.
La supuesta baja de los delitos referida por Capitanich en su informe a fines del año pasado, vinculada con algunas variaciones positivas en indicadores económicos tales como el crecimiento de la economía local, la caída del desempleo y de la pobreza entre 2011 y 2015, debería analizarse con mayor profundidad para ser corroboradas.
En primer lugar porque las cifras expuestas no son estadísticamente comparables de punta a punta en la serie analizada: los 23.000 delitos de 2011 no son comparables con los 50.000 delitos de 2002. Esto se debe a la dinámica de situaciones y a cambios que se dieron tanto en el SUED de la Policía como en el sistema de estadísticas delictuales del Poder Judicial, que afectaron la registración y compilación de datos objetivos de la “criminalidad aparente” (ver en https://www.academia.edu/23907729/ ¿Contando el delito?, Análisis crítico y comparativo de las encuestas de victimización en Argentina, Máximo Sozzo, Universidad del Litoral).
En segundo lugar, si se toma como fuente la estadística criminal a nivel global de la provincia del Chaco, informada por el Secretario de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia, sobre el total de causas ingresadas de forma originaria en los distintos organismos del fuero penal y del Ministerio Público, la variación interanual de los delitos en el Chaco en 2012 respecto de 2011 fue del 17%, al registrarse 66.628 casos en 2012 contra 56.897 casos en 2011. Esta última cifra es un poco más del doble que los 23.000 delitos informados para el mismo periodo por Capitanich, en función de las estadísticas del SUED de la Policía.
En tercer término, al compararse las estadísticas policiales con las del Poder Judicial, toda vez que esta incluye y contiene los hechos registrados por la Policía sumados a los del fuero penal más el Ministerio Público, en vez de disminuir los delitos en 2011 respecto de 2002 habrían aumentado un 13,8%, poniendo en crisis las conclusiones expuestas por el primer mandatario provincial.
Como conclusión, las limitaciones de las estadísticas policiales influyen en el conocimiento de la cuestión criminal, en las variaciones de la “criminalidad aparente” a lo largo de una serie de tiempo, y en una correcta percepción política y social del fenómeno delictual. De allí la necesidad de contar con estadísticas delictuales integradas de los sistemas policial y judicial, algo que nunca fue resuelto por los poderes Ejecutivo y Judicial de nuestra provincia. Se requiere además contar con encuestas de victimización que permitan estimar con mayor precisión las “cifras negras” de la criminalidad.
Se debe tener presente también que la producción y el acceso a la información delictual es un insumo necesario para la planificación de las políticas públicas de seguridad y justicia, y que se trata de información de interés público que permite al ciudadano ejercer el control social. Por ello es preciso contar con estadísticas delictuales integrales, verificables, transparentes, comparables, accesibles y oportunas».
*Cr. Livio Fernández
Secretario General
Policías Autoconvocados por un Salario Justo
