SIGUE EL CONFLICTO POR LA OCUPACIÓN DE CAMPOS EN MIRAFLORES Y SE ESPERA UNA PROPUESTA DE LA MESA INTERPODERES
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El conflicto por la ocupación de campos en la zona rural de Miraflores no se resuelve y según un nuevo relevamiento ya serían más de 400 las personas que se encuentran posesionadas en distintos lotes comprendidos dentro de las 10 mil hectáreas que históricamente reclaman las comunidades aborígenes.
La disputa por estas tierras se convirtió en un complejo conflicto social que desde el año pasado se intensificó a partir de la toma de posesión de numerosas familias que ya cuentan con sus propios emeprendimientos productivos, y que inclusive se han distribuido en pequeñas parcelas los lotes ocupados. Para los próximos días se espera un informe de la Mesa Interpoderes donde habrá una serie de propuestas para superar el conflicto mediante el diálogo y garantizar la paz social.
La mayoría de estos campos son propiedad de pequeños y medianos productores criollos que durante décadas le fueron dando impulso a distintas actividades agrícola y ganadera en la región. En total son 100 los lotes que constituyen estas 10 mil hectáreas que las comunidades aborígenes reclaman por Ley como una herencia ancestral de generaciones anteriores que habitaron la zona y que tenían como líder y referente al cacique Quiaxahuail, conocido como Juan Árias.
El marco legal que ha llevado a las comunidades aborígenes, en su mayoría Tobas, a tomar posesión de estos lotes, data de un acuerdo de hace 90 años con el Gobierno Nacional para la devolución de 10 mil hectáreas que eran parte del territorio ancestral de los pueblos aborígenes. Con el transcurrir de las décadas, muchas de esas parcelas se fueron adjudicando a pobladores criollos y gringos que llegaban para trabajar la tierra o criar animales. Hoy, muchos tienen títulos de propiedad y otros están con permisos de ocupación otorgados por el organismo oficial de Tierras del Chaco, y lo más indignante para estas familias es el temor a perder todo lo que construyeron a lo largo del tiempo, fruto de su trabajo y esfuerzo.
LA MESA INTERPODERES
Actualmente la comunidad de Miraflores y su zona de influencia se encuentran convulsionada por esta situación, por lo cual el Gobernador Domingo Peppo invitó a los tres Poderes que conforman el Estado Chaqueño mediante Decreto Nº 2056/18, a conformar una Mesa Interpoderes para abordar la problemática de tierras y que tenga como fin garantizar la paz social y encausar los reclamos de las familias que habitan en la Colonia.
A la fecha, la Mesa escuchó el reclamo de la Comunidad Indígena y de los criollos, se recorrió la zona de conflicto junto con el Procurador Adjunto y el Subsecretario de Derechos Humanos para tomar conocimiento. El Instituto de Colonización elaboró una propuesta será puesta a consideración de la mesa en los próximos días. Mientras tanto, en la Justicia hay numerosas denuncias penales por usurpación y varios de los ocupantes fueron citados a declaración. Ahora, la Justicia espera por la propuesta de la Mesa para analizar los pasos a seguir, teniendo en cuenta que se priorizará la búsqueda de una salida a través del diálogo.
LA PROPUESTA DE COLONIZACIÓN
En el marco del trabajo de la mesa de los tres poderes, desde el Instituto de Colonización realizaron un relevamiento actualizado de la situación de cada uno de los lotes y elaboraron un informe con una propuesta que podría destravar el conflicto por la ocupación de tierras por parte de familias aborígenes.
Este informe borrador llegará a distintos organismos que forman parte de esta mesa, como la Cámara de Diputados, la procuradoría y defensoría oficial; entre otros, con el fin de ultimar los detalles sobre una alternativa de solución que priorice el diálogo y la paz social entre las partes. Esta propuesta apuntaría a la búsqueda de un equilibrio que permita respetar las posturas y derechos, tanto de las comunidades aborígenes como de los antiguos pobladores que trabajan las tierras.
En este sentido, podrían proponer reconocer las parcelas utilizadas por el egido municipal de Miraflores pero a la vez reconocer el valor simbólico y ancestral de las tierras proponiendo crear lotes exclusivos para familias aborígenes. También, existe la posibilidad de expropiar lotes improductivos de la zona rural y coordinar con los referentes del Consejo de Recuperación de Tierras para que sean distribuidas entre las familias aborígenes.
En el informe hay 42 causas judicializadas por usurpaciones que van por la vía judicial, y más allá de la propuesta de una salida consensuada, la Justicia deberá continuar con los trámites pertientes de cada expediente.
EL CONSEJO DE RECUPERACIÓN DE TIERRAS
Representantes de numerosas familias aborígenes de la zona, el pasado 18 de agosto de 2018 crearon el Consejo de Recuperación Territorial integrado por 36 comisiones de recuperación que previamente habían sido constituídas por cada familia a medida que iban tomando posesión de las tierras.
Este Consejo tiene como principales referentes a Francisco Segovia y Ariel Sánchez, pero a la vez cuenta con un equipo compuesto por ocho ancianos que son quienes relatan la historia de las comunidades y ocho jóvenes que son los que impulsan el proceso de recuperación de tierras.
El objetivo de este Consejo es recuperar las tierras comprendidas dentro de la reserva de 10 mil hectáres según la Ley Nacional 26.160 que establece la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país.
LA ACTUACION DE LA JUSTICIA
Desde el año pasado, hay más de 30 denuncias penales en las dos Fiscalías de Investigaciones de Castelli. Desde lo judicial, ya se realizaron procedimientos de identificación y constatación de las familias ocupantes, instancias de mediaciones judiciales, intimaciones a las familias a que desalojaran el lugar e inclusive se citó a declaración de imputados a varias personas que están radicadas en los lotes. Sin embargo, hasta el momento no se logró una salida por esta vía y todo indica que se está esperando una solución política a través de la mesa de Interpoderes que está trabajando en el tema.
LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS
En los primeros años de la década del 30 el Gobierno Nacional propone a través del Gobernador del Territorio Nacional del Chaco (Mc. Lean 1930-1931) un acuerdo con los Caciques Augusto Soria, Cabito Leiva y Juan Alegre, quienes vivían en las tierras donde actualmente se asienta la ciudad de Juan José Castelli. En ese acuerdo, se comprometía a entregarles para las comunidades una fracción de 10.000 hectáreas situadas entre los lotes 1 al 100 de la Colonia la Florida, a cambio de que abandonaran la zona donde se fundó la actual ciudad de Castelli.
Sin embargo, la Provincia no cuenta con la documentación respaldatoria de este convenio y se produce un vacío legal respecto de la real propiedad de esas 10 mil hectáreas. Con la Provincialización del Chaco, el nuevo Estado Provincial no reconoce estos acuerdos entre el gobierno Nacional y los pueblos originarios por lo que las tierras pasan a ser fiscales.
Ya en el año 1.979, por Decreto 1.051/79 del Gobernador Serrano, se ordena realizar un relevamiento en estos Lotes y en caso de estar ocupados por familias aborígenes -señalando ya entre otros los lotes 84, 93 y 94- sean titularizados a su favor, determinando una superficie total y aproximada de 3.500 hectáreas ubicadas dentro de las 10.000 has. pedidas por las comunidades aborígenes.
El resto de los lotes que no estaban incluidos en el Decreto, fueron considerados fiscales e incluidos en el proceso de regularización fueron adjudicados y hasta titularizados en favor de familias criollas de la zona que los ocupaban y trabajaban. Desde el Instituto de Colonización, expresaron que “durante todo este proceso nunca se abandonó el proceso de regularización de familias originarias también ordenado en el decreto de Serrano, ya que cuando se detectaba algún tipo de asentamiento u ocupación indígena dentro de la zona, se procedía a su inmediata regularización”.
El reclamo de los pueblos originarios para que se les restituyan las 10.000 has., no ha cesado y actualmente algunas familias, mayoritariamente Qom, se han posicionado en lotes escriturados a familias criollas hace muchos años. Dichas ocupaciones fueron denunciadas por sus propietarios ante la Justicia y caratuladas como “supuestas usurpaciones” que a la fecha se encuentran a la espera de resolución.
LOS CEMENTERIOS ANCESTRALES
Una situación muy particular se da en el Lote 24 de la Colonia, actualmente ocupado por las comunidades, quienes manifiestan que allí se encuentra un cementerio aborigen. Son cien hectáreas que están titularizadas a una familia criolla, que también radicó la correspondiente denuncia en la Fiscalía de Investigaciones Penales de Castelli.
En el Chaco existe la Ley Provincial ley provincial 2135 que contempla la prevención y protección de restos mortales de pueblos originarios y que prevé una serie de diligencias que se deben realizar a través del IDACH para acreditar lo manifestado por las familias y proceder a su expropiación, aunque desde el Instituto de Colonización remarcan que “no es la toma el procedimiento adecuado”.
También debe considerarse la situación de los lotes urbanos que actualmente comprenden el ejido de Miraflores -creado por Ley Provincial- y que también son reclamados por las comunidades originarias, incluso con sentencia favorable en materia de amparo en los autos: “Leiva Epifanio s/Acción de Amparo” que tramitó por Expte 943/12 y cuyo fallo ordenó la escrituración de 100 hectáreas ubicadas en el centro de Miraflores a favor de Epifanio Leiva y generó incertidumbre en centenares de familias aborígenes y criollas que residen en dichas tierras.
Desde el Instituto de Colonización, remarcaron que “se hace imprescindible tratar de encausar la situación por el camino del diálogo evitando situaciones de toma o usurpación de tierras, que no hacen otra cosa que incentivar violencia y crean un clima tenso entre familias indígenas y criollas que viven en un mismo lugar desde hace más de cien años”.
TEXTO Y FOTOS. José María Cuellar (Publicado en Diario Norte el 10 de marzo de 2019)
