¿Quieren «dormir» la causa judicial contra exfuncionarios de Tres Isletas?

*Por José María Cuellar

La investigación judicial por el escandaloso caso de corrupción que involucra al exintendente de Tres Isletas Carlos “Kelo” Palacios y a tres de sus exfuncionarios, se encamina hacia un horizonte incierto y aparecen los fantasmas de la impunidad. Todo había iniciado por los carriles normales cuando el Fiscal Oscar Obregón ordenó el secuestro de documentaciones contables, recibió informes detallados del Banco Nación e incluso citó a declarar a los exfuncionarios Carlos Palacios, Fabián Sosa, Aldo Mieri y Carolina Ramírez, cuyas firmas aparecen avalando la operatoria fraudulenta en la que me involucran. Sin embargo, en medio de una enorme expectativa mediática, política y social, a los pocos días de haber librado la citación, el propio fiscal les envío una cédula a los implicados notificándoles de que la misma quedaba sin efecto. ¿Los motivos? Porque en esos días había llegado el informe del Banco Nación, lo que consideraba un elemento importante para analizar antes de tomarles declaraciones de imputados a los exfuncionarios. A los pocos días, el Fiscal Obregón se declara incompetente en la causa, tras el pedido de un abogado que representa a la Exsecretaria de Gobierno Carolina Ramírez, con el único propósito de entorpecer la investigación; lejos de preocuparse por explicar por qué aparecen sus firmas avalando una orden de pago de 150 mil pesos a mi nombre, o peor aún, certificando con su firma de que ella había sido testigo de la prestación del supuesto servicio de “campaña de concientización”. El Exintendente Palacios dijo en un medio local que él era el “principal interesado en que se investigue”, pero paradójicamente sólo pretenden entorpecer el normal desarrollo de la investigación.
ELEMENTOS IRREFUTABLES
Como es de público conocimiento, en la denuncia presentada el 29 de enero en la Fiscalía Nº 2 de Castelli, pido que la Justicia investigue una sucesión de maniobras fraudulentas de las que fui víctima; entre ellas la adulteración de una boleta de mi de agencia de publicidad para facturarle al Municipio un monto de 150 mil pesos en un supuesto servicio de campaña de concientización. Para ello, diseñaron una boleta trucha utilizando mis datos personales y fiscales, y a la vez falsificaron mi firma para rubricar un supuesto contrato de servicio, una orden de publicidad y los endosos de los cheques, que finalmente fueron cobrados en la sucursal del Banco Nación de Tres Isletas por diferentes personas, entre ellas el contador Fabián Sosa, el Tesorero Aldo Mieri y la hermana del tesorero. Todos estos datos figuran en la documentación secuestrada por la Justicia y en el informe detallado de la entidad bancaria, que también se incorporó al expediente. Esto, en cualquier ámbito de discusión podría llamarse una asociación ilícita, porque todo hace pensar que la maniobra fue pergeñada a la perfección, donde utilizaron una factura apócrifa, dictaron una Resolución Municipal para avalar la supuesta prestación del servicio, armaron un contrato de servicio, libraron la orden de pago firmada por todos los exfuncionarios implicados e incluso la Exsecretaria de Gobierno Carolina Ramírez certificó con su firma, dejando sentado de que había sido testigo de la “real prestación del servicio”. Ahora llamativamente es ella quien pide que se anule todo lo investigado, argumentando que no era competencia del Fiscal Obregón.
Lo concreto es que a más de 50 días de la denuncia, nadie dio explicaciones sobre estas evidentes pruebas que comprometen a los exfuncionarios; y en el entorno político, la única preocupación es de intentar desvincular al exintendente Palacios para asegurarle el cargo en el gabinete provincial.
La Justicia ya tiene en sus manos elementos claves y contundentes para descubrir cómo fue la trama ilícita con la que afectaron, por un lado mi buen nombre e imagen profesional, y por otro las arcas del Municipio de Tres Isletas. Sólo debe actuar sin presiones ni prejuicios, así se ausentarán los fantasmas de la impunidad.