El Gobierno reemplazó el plan Potenciar Trabajo por dos planes y eliminan a los intermediarios
El Gobierno nacional anunció este martes que eliminará el programa Potenciar Trabajo y lo segmentará en dos nuevos planes sociales. Además, se eliminan a las organizaciones intermediarias.
Mediante los planes Volver al Trabajo -que tendrá como fin fortalecer las habilidades laborales de las personas- y el plan Acompañamiento Social, destinado a «grupos con desafíos particulares en términos de inclusión», el Gobierno nacional reemplazó al plan Potenciar Trabajo.
Así lo anunciaron desde el ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, con el objetivo de implementar «mecanismos que reduzcan la posibilidad de control y manejo discrecional de los recursos que tenían las Unidades de Gestión» previas, haciendo referencia a las organizaciones sociales que tenían el manejo de varios planes gubernamentales.
Cuánto pagarán
Según trascendió oficialmente, el monto que recibirán los beneficiarios trabajadores será de $78.0000, el mismo ingreso que percibían quienes tenía el Potenciar Trabajo.
En cuanto al plan «Volver al Trabajo», Capital Humano informó que permite a los beneficiarios compatibilizar la asistencia recibida con ingresos de hasta tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), es decir ingresos mensuales de hasta $540.000 para aquellos que están formalmente empleados.
Acceso directo
Quienes necesiten estos planes accederán de manera directa y sin la necesidad de realizar trámites adicionales, según dijeron desde la cartera que conduce Pettovello. La segmentación en cada plan se realizará mediante una resolución que determinará la población objetivo de cada programa basándose en criterios de empleabilidad.
«Los beneficios económicos se asignarán y distribuirán directamente a los beneficiarios, sin pasar por intermediarios, lo cual asegura que los recursos lleguen efectivamente a sus destinatarios sin posibilidad de manejo discrecional», informaron.
También se dispuso la eliminación de planillas de asistencia. El Gobierno suprimió la obligatoriedad de la presencialidad para las Unidades de Gestión, disminuyendo así su influencia y la posibilidad de control sobre los beneficiarios.
Y agrega que «las Unidades de Gestión, encargadas de coordinar y administrar las prestaciones y proyectos del programa, se han transformado en lo que algunos denominan «gerentes de la pobreza», controlando a los beneficiarios a través de mecanismos de presentismo y gestión burocrática que, lejos de potenciar la autonomía y el crecimiento personal, han favorecido la intermediación y la perpetuación de la dependencia».
Y sostienen que «esta intermediación no solo ha sido ineficaz para promover la integración socio-laboral de los beneficiarios en el mercado de trabajo formal, sino que también ha generado un circuito cerrado de gestión y control que ha beneficiado a las organizaciones sociales encargadas de la administración del programa, a quienes solo en 2023 se les transfirió la suma de u$s34 millones».
