Funcionarios de Javier Milei y legisladores de La Libertad Avanza accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación
La información surge de bases oficiales procesadas por una plataforma independiente y motivó un pedido de informes en el Congreso para determinar si existieron condiciones especiales en la asignación.
La controversia se instaló en los últimos días a partir de datos de la Central de Deudores del Banco Central, que fueron procesados por la plataforma «¿Cuánto deben?», desarrollada por el programador Andrés Snitcofsky. El sitio permite seguir la evolución mensual de las deudas de figuras públicas dentro del sistema financiero.
A partir de ese relevamiento comenzaron a circular nombres de funcionarios y dirigentes oficialistas con créditos hipotecarios de gran magnitud otorgados por el Banco Nación. Entre ellos aparecen Felipe Núñez, Federico Furiase y Pedro Inchauspe, todos vinculados al área económica, con deudas que en algunos casos superan los $500 millones.
También figuran Juan Pablo Carreira (Juan Doe), Emiliano Mongilardi y los diputados Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde (quien renunció a su banca en el Senado por presuntos vínculos con el narcotráfico), con montos que oscilan entre poco más de $100 millones y cerca de $300 millones.
El otorgamiento de estos préstamos se distribuyó durante las gestiones de Daniel Tillard y su sucesor, Darío Wasserman, al frente del Banco Nación. Ni el Ministerio de Economía ni el Banco Central dieron explicaciones públicas ante las consultas periodísticas.
Pedido de informes
El primero en impulsar un reclamo formal fue el diputado Esteban Paulón, quien presentó un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo, la Jefatura de Gabinete y el directorio del banco. También solicitó acceso a la información pública para conocer en detalle las condiciones en que se aprobaron los créditos.
«Si bien es habitual que los bancos otorguen condiciones preferenciales a sus clientes, llama muchísimo la atención el volumen de estos créditos y que hayan sido concedidos a funcionarios y legisladores vinculados al oficialismo», advirtió el legislador. Además, planteó dudas sobre el momento en que algunos préstamos fueron aprobados, en relación con decisiones políticas relevantes.
En medio del debate, el Banco Nación emitió un comunicado para intentar desactivar la polémica. La entidad aseguró que el proceso de otorgamiento es «homogéneo, sin excepciones» y destacó que concentra la mayor parte del mercado hipotecario, con más de 27 mil préstamos otorgados.
Sin embargo, desde 2024 el banco cuenta con líneas específicas para empleados del sector público, como «+Hogares sector público», que permiten financiar hasta el 90% del valor de la propiedad, frente al 75% que cubre la línea general. Estas condiciones más amplias, junto con tasas cercanas al 6% anual, ubican a estos créditos entre los más competitivos del sistema.
Fuentes del mercado financiero señalaron que este tipo de líneas no es exclusivo del Banco Nación y que también existen en otras entidades públicas. No obstante, advirtieron que puede abrirse un debate sobre si los funcionarios políticos, con menor estabilidad laboral que los empleados de planta, deberían acceder a las mismas condiciones crediticias.
Desde el oficialismo, los dirigentes involucrados rechazaron cualquier irregularidad y sostuvieron que accedieron a créditos en UVA disponibles para cualquier persona que cumpla con los requisitos, sin beneficios discrecionales.
