Piden que se investigue la muerte de un joven de Tres Isletas que cumplía prisión preventiva
Franco Miguel Riveros falleció el 11 de octubre de 2026 en el Hospital del Bicentenario de Juan José Castelli, donde había sido trasladado desde la Comisaría de Tres Isletas con un cuadro de tuberculosis, según denunció su madre Nélida Riveros. Estaba detenido desde el 9 de febrero, acusado como coautor de un homicidio, sin condena. Su madre pide que se investigue la responsabilidad del Estado.
La denuncia la hace pública ante Norte Nélida Riveros, madre de Franco Miguel Riveros, de 18 años, y de Iván Marcelo Riveros, quien continúa detenido. Según relata, ambos hermanos fueron detenidos por orden de la Fiscalía de Investigación Penal N° 1, acusados de ser coautores de un homicidio ocurrido en un lugar donde, según la denuncia, se vendía y consumía estupefacientes.
La versión que sostiene la familia, y que surge de testigos, indica que el hecho se originó en una disputa por el precio y el pago de un celular entre un hombre de apellido González y otro de apellido La mujer sostiene que el autor del disparo habría reconocido ser el único responsable, mientras que los hermanos Riveros “sólo estuvieron en el lugar” y nunca colaboraron ni ayudaron a cometer el homicidio. A pesar de eso, ambos quedaron con prisión preventiva.
EL DETERIORO EN EL ENCIERRO
El eje central de la denuncia pública es lo que ocurrió después, durante los ocho meses de detención en la Comisaría de Tres Isletas. Nélida Riveros asegura que Franco comenzó a sentirse mal y pidió tratamiento. Fue atendido por la doctora Marisa Castillo, quien -según la madre- le indicó estudios que “en la Comisaría no se podían hacer”.
El cuadro se fue agravando sin una respuesta adecuada, hasta que el joven escribió una nota a su guardián pidiendo asistencia. Recién entonces fue trasladado al Hospital del Bicentenario de Juan José Castelli, donde quedó internado en terapia intensiva, siempre con custodia policial, donde finalmente murió de tuberculosis.
“Se pone en la centralidad la violencia y el encierro, antes que el respeto a la persona y su humanidad”, expresa la madre en una carta enviada a Norte.
PIDEN QUE SE INVESTIGUE COMO ABANDONO
Para la familia, no se trató solo de una enfermedad, sino de un posible abandono de persona, falta de cuidado y negligencia del Estado, que tiene la responsabilidad de garantizar la salud y la vida de las personas privadas de su libertad.
Riveros cuestionó que la fiscalía “no quiere investigar el fallecimiento” bajo esa figura. Por eso, acudió a la Fiscalía de Investigaciones de Derechos Humanos de Sáenz Peña y al Comité Provincial de Prevención de la Tortura, para que intervengan.
El planteo va más allá del caso puntual: cuestiona el uso extendido de la prisión preventiva para personas que sólo están acusadas, no condenadas, y que -según sostiene- “podían perfectamente ser investigadas estando en libertad”.
“Se sigue tomando a las personas privadas de su libertad como descartes humanos y que a nadie les interesa”, afirma. “Policía y Justicia, especialmente para los pobres, sólo privilegian el castigo, más represión y más mano dura, sin garantizar las garantías constitucionales y los derechos humanos”, concluye.
