La caída de Sampayo: usufructo de fondos municipales y testaferros, los detalles de su condena
Jacinto Sampayo fue condenado por lavado de activos y en las últimas horas se conocieron los fundamentos de la sentencia. Un detalle de los hechos y pruebas que expusieron cómo se utilizaron fondos de la Municipalidad de Resistencia durante la gestión de Aída Ayala.
Jacinto Amaro Sampayo, nacido en agosto de 1946, inició su carrera en la Municipalidad de Resistencia en 1969, a los 23 años. Desde entonces, supo «pulir y dimensionar» su experiencia como empleado y luego como secretario general del sindicato de empleados municipales, cargo que ocupó ininterrumpidamente durante casi cuarenta años. Su posición jerárquica y su vasta red de contactos le permitieron «influenciar, presionar y sobre todo direccionar la toma de decisiones de cuanta autoridad ocupara la jefatura de la Municipalidad de Resistencia» , especialmente en el área de Limpieza e Higiene Urbana, sector sensible debido a la generación de solicitudes de provisión de materiales y locación de servicios.
El Tribunal Oral Federal de Resistencia que condenó el pasado 8 de julio a Sampayo por ser coautor penalmente responsable del delito de lavado de activos a 3 años y seis meses de prisión, dio a conocer los fundamentos por los cuales arribó a ese veredicto. La sentencia a la que accedió Diario Chaco hace una reconstrucción de la red que el dirigente supo construir a lo largo de su cargo «casi vitalicio», tal como lo describió la Justicia.
La sentencia alerta que, el cúmulo de indicios que desentrañaron el delito de lavado de activos comenzó a tomar forma con el allanamiento de las oficinas de TECMASA S.A. el 10 de mayo de 2013. Durante la pesquisa, se encontró una nota dirigida a Sampayo por Luis Guillermo Escobar, presidente de la firma, solicitándole una certificación de trabajo para un empleado afectado a la recolección de residuos, algo que le correspondería a la Dirección de Personal del Ejecutivo municipal. Este hallazgo demostró el grado de influencia de Sampayo, quien, aunque su posición jerárquica podría haberle permitido realizar dicha diligencia, lo relevante es que era visto como un acceso directo al municipio para obtener certificaciones laborales y otras ventajas.
El tribunal destacó que la relación de Sampayo con empresas como TECMASA S.A., COYREL S.A., e INVERSORA NACRIS, era indicativa de un tejido organizacional orientado a obtener recursos públicos mediante licitaciones manipuladas. Luis Guillermo Escobar y Huidobro, director administrativo de Parques y Paseos, fueron identificados como piezas clave en este entramado. La relación cercana entre Huidobro y Sampayo permitió a TECMASA S.A. y otras empresas «obtener información privilegiada y anticipada sobre las licitaciones», facilitando el armado de situaciones «acomodadas e irregulares».
«En lo que en buen romance significaba un manejo sin ataduras, cuestionamientos ni exposición, Sampayo le señaló a Huidobro la conveniencia de renunciar a la municipalidad y eso ocurrió antes de que se precipitara el trámite de la licitación 10/14», citó el tribunal en su sentencia para ejemplificar el estrecho vínculo entre los condenados.
Uno de los actos más evidentes de lavado de activos para la Justicia Federal fue la compra del vehículo MD RAM MODELO 002, 2500 6.7 L. LARAMIE 4×4, adquirido por COYREL S.A. pero utilizado permanentemente por Sampayo y su esposa, Mónica Centurión . La documentación secuestrada en el Sindicato de Empleados Municipales de Resistencia reveló que el sindicato pagaba los impuestos de este y otros vehículos pertenecientes a COYREL S.A., indicando claramente que Sampayo era el verdadero dueño.
«Que Sampayo al frente del sindicato pagara los impuestos de un vehículo de COYREL SA posibilita una sola lectura, el automotor era suyo y Huidobro hizo las veces de testaferro a través de la empresa», puntualiza el fallo.
Además, el tribunal señaló diversas operaciones inmobiliarias y adquisiciones de vehículos que no se correspondían con los ingresos declarados por Sampayo. Entre ellas, la compra de una unidad funcional en Resistencia en junio de 2017 por $ 136.000 y la adquisición de una pick-up AMAROK DC V6 EXTREM 3 OLTDI 4×4 en agosto de 2017. También se encontraron 2.192 dólares y $ 8.000 en cajas de seguridad a nombre de Sampayo, reforzando la hipótesis de lavado de activos.
La sentencia también menciona la venta de un terreno ubicado en Avda. Soberanía Nacional Nº 36 a TECMASA S.A., operación realizada pocos meses antes de hacerse pública la licitación 10/14, lo que evidenció que Sampayo y sus socios conocían de antemano los requisitos del pliego. Esta venta fue uno de los aportes que Sampayo, Huidobro y Martínez materializaron en PIMP S.A., «empresa creada para canalizar fondos ilícitos».
«Jacinto Amaro Sampayo desplegó acciones fundamentalmente encaminadas a que las ilícitas ganancias que recibió, tuvieran curso y efecto para acrecentar su situación patrimonial», concluyó el tribunal
CARLOS ALBERTO SECUNDINO HUIDOBRO
Carlos Alberto Secundino Huidobro, figura clave en el juicio por corrupción, mantuvo una relación tanto laboral como familiar con Jacinto Amaro Sampayo, según revelaron los testimonios y documentos presentados ante el Tribunal Oral Federal.
Durante los años 2004 a 2010, Huidobro trabajó como empleado en el Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia. Posteriormente, el 1 de enero de 2006, comenzó a desempeñarse en la Dirección General de Paseos y Jardines bajo un contrato de servicios. Su vinculación se consolidó en octubre de 2009, cuando la intendente Ayala lo incorporó como personal de planta permanente. Para finales de ese mismo año, fue designado para liderar el Departamento de Dirección General Administrativa de la mencionada Dirección.
Después de su estabilidad laboral en el municipio, Huidobro solicitó licencia sin goce de haberes y finalmente presentó su renuncia el 23 de marzo de 2014, siendo aceptada el 24 de abril del mismo año.
Huidobro y Sampayo también compartieron lazos familiares significativos, según el testimonio de la madre del primero.
Carlos Alberto Secundino Huidobro, condenado como participe necesario del delito de fraude en perjuicio de la administración pública, en concurso real con el delito de lavado de activos, actuando en calidad de coautor a cinco años y seis meses de prisión, según la Justicia utilizó diversas estrategias para canalizar fondos ilícitos y blanquear dinero, afectando gravemente las arcas públicas.
QUÉ ADQUIRIÓ
1. Compras de Bienes Inmuebles y Vehículos:
– En 2015, Huidobro adquirió un inmueble en Avda. Sarmiento 5200, Barrio «La California», por un valor de U$D 63.000.
– También en 2015, compró un automóvil AUDI 07 y un Grand Cherokee Overland en mayo de 2015.
– En 2016, realizó la compra de propiedades en Paso de la Patria, Corrientes, incluyendo varios lotes identificados en el Barrio «Los Pescadores».
2. Inversiones y Participaciones Societarias:
– Adquirió bonos «Bonal X» por un valor de U$D 32.500 en 2017.
– Se adhirió al régimen de sinceramiento fiscal (ley 27.260) mediante su participación en la empresa FREESTATEHOLDING INC., radicada en las Islas Vírgenes Británicas, con acciones al portador.
3. Operaciones con Empresas y Acciones:
– En 2015, Huidobro compró el 90% del capital social de COYREL S.A., a través de la adquisición de 5.400 acciones.
– También en 2015, adquirió el 10% restante del capital social de COYREL S.A.
– Estableció SFH CONSTRUCCIONES en diciembre de 2016, donde posee el 90% del capital social y se desempeña como presidente y director titular.
La sentencia, firmada el 8 de julio de 2024 por los jueces de cámara Noemí Marta Berros, Enrique Jorge Bosch y Juan Manuel Iglesias, expone detalladamente los hechos y pruebas que llevaron a la condena de Sampayo, el sindicalista de «cargo vitalicio».
Fuente: Diario Chaco
