Miraflores: conflicto y enfrentamiento por la ocupación de una vivienda
El día martes por la tarde se desató un conflicto por la ocupación de una vivienda en el barrio Nueva Esperanza de la localidad de Miraflores. Todo comenzó cuando una mujer realizó una llamada telefónica solicitando la presencia policial en su domicilio ubicado en el Lote 88.
Al llegar al lugar, los funcionarios policiales se encontraron con un escenario de caos, donde una pareja de propietarios criollos y un grupo de personas pertenecientes a la etnia originaria se enfrentaban dentro del terreno, el cual carecía de delimitación clara. La vivienda, construida con ladrillos a la vista, se convirtió en el epicentro del conflicto.
La pareja de propietarios denunció haber sufrido lesiones leves durante el altercado. Siguiendo las instrucciones del fiscal en turno, se realizó un acta de constatación e identificación de los ocupantes involucrados en el conflicto.
Horas más tarde, siguiendo nuevas directivas del fiscal, se desplegó un operativo en el lugar con la presencia de personal de distintas divisiones y comisarías para resguardar la vivienda y a las partes involucradas hasta que se resuelva el caso judicialmente.
Sin embargo, alrededor de las 23:40 horas, la situación se intensificó cuando un grupo de aproximadamente 30 «vecinos», llegaron al lugar portando palos y tomaron posesión del terreno en disputa.
Posteriormente, a la 01:10 horas, un hombre y dos mujeres pertenecientes a la etnia originaria QOM, quienes se identificaron como ocupantes legítimos del terreno, denunciaron haber sido agredidos por los vecinos, quienes fueron examinados por un médico del Hospital Bicentenario de Juan José Castelli, quienes determinándose que presentaban lesiones leves.
Siguiendo las órdenes del fiscal, el domicilio en cuestión fue entregado a la denunciante bajo acta, y se redactaron las actas correspondientes en presencia del asistente fiscal y un perito traductor del poder judicial. Se notificó a las partes involucradas sobre las restricciones de acercamiento y cese de hostigamiento, bajo amenaza de detención. Se iniciaron procesos judiciales separados por los delitos de «usurpación» y «lesiones leves», con la intervención del magistrado actuante. Se asignó personal en el lugar durante un tiempo prudencial con fines preventivos y para evitar nuevos incidentes.
