CRISIS TOTAL EN SECHEEP
????????????????????????????????????
SECHEEP distribuye energía eléctrica cada vez más cara, en un oscuro esquema de administración. Desde una perspectiva social, la administración y gestión de la empresa estatal es un verdadero desaguisado.
Las elevadas tarifas de energía eléctrica que aplica la empresa y su deficiente administración financiera pusieron en evidencia las inocultables responsabilidades, políticas e institucionales derivadas las gestiones de Jorge Capitanich y Domingo Peppo, especialmente en lo relacionado con el extraordinario endeudamiento que ha contraído.
Se volvió casi una quimera desentrañar las causas por las que se llegó a la fenomenal deuda acumulada, que habría alcanzado la friolera suma de 6.200 a 7.000 millones de pesos hasta la aprobación del préstamo nacional. Salvo el gobernador Peppo y un selecto grupo de funcionarios cercanos, nadie obtuvo información contable objetiva, veraz, completa y confiable sobre la gestión financiera en los últimos cinco años.
Los fuertes intereses en juego de los actores políticos, gremiales y empresariales frente a la crisis actual mantienen un hilo conductor con el inicio y la evolución histórica de SECHEEP y de sus responsables. Sobresalen la fragmentación empresaria, el desorden administrativo y contable, como también la falta de transparencia en el manejo de los recursos y de los gastos.
Matriz de corrupción
En SECHEEP se repite la matriz de corrupción que se produce en numerosas áreas del Sector Público, íntimamente relacionado con la falta de transparencia en las administraciones.
La empresa energética replica la misma opacidad detectada en Insssep y Lotería Chaqueña en orden a lo que ocurre en estos organismos que realizan operaciones económicas de carácter comercial.
En general, estos organismos y entidades no cumplen con las exigencias legales de llevar registros contables, no cuentan con sistemas contables homologados por la autoridad competente para la emisión de estados contables (Balance General), emiten estados contables que no respetan las normas profesionales vigentes aprobadas por el CPCE del Chaco. Los estados contables publicados no cuentan con informes de auditores independientes certificados por el CPCE del Chaco. No publican los estados contables en los sitios web propios de cada organismo o lo hacen con un considerable atraso de varios años. En el Portal de Transparencia del Chaco no publican los estados contables, como tampoco los datos presupuestarios y financieros.
Las tarifas impagables provocaron levantamientos sociales
Si algo le faltaba a toda esta historia de tarifazos y de administraciones sospechadas de corrupción es la ola de reclamos y protestas frente a las dependencias de SECHEEP en gran parte del territorio chaqueño, que cada vez son más frecuentes y, en algunos casos, con bastante exaltación.
Las impagables tarifas eléctricas están causando un verdadero levantamiento social, que lejos de atenuarse crece de manera acelerada, amenaza con alterar la paz social y la convivencia democrática entre vecinos, autoridades provinciales y municipales y funcionarios de la empresa SECHEEP.
Hay pueblos enteros en donde la mayoría de los usuarios reclaman que no pueden pagar las facturas de luz. En Sauzal, que es una pequeña comunidad rural de El Impenetrable, cortaron el suministro eléctrico al 70% de los pobladores.
Paradójicamente, el reconocido dirigente político del oficialismo, Atlanto Honcheruk, actual Intendente de Villa Berthet, encabezó una multitudinaria manifestación popular frente a las oficinas de SECHEEP de su pueblo porque los vecinos expresan que no les alcanza la plata para pagar las elevadas facturas.
En Resistencia y en Sáenz Peña cientos de usuarios se agolpan diariamente en los frentes e ingresan en las oficinas de SECHEEP. Allí descargan sus quejas y sus enojos.
En Juan José Castelli organizaciones sociales bloquean, casi a diario, el acceso al edificio de SECHEEP y cortan rutas. Saturan las oficinas de la empresa reclamando soluciones por las tarifas impagables. Piden que se suspendan los cortes del servicio energético por falta de pago.
Ante este cuadro de situación, lo menos que debería hacer el Poder Ejecutivo es intervenir decididamente para poner orden y transparencia en la administración de SECHEEP. Debe revisar las tarifas, ofrecer alternativas y no dejar que continúe evolucionando la crisis de confianza y el descontento popular a los niveles observados durante los últimos meses, con alto impacto en el funcionamiento de las familias, de los comercios y de las pocas industrias radicadas en Chaco.
No se puede predecir cómo pueden terminar todos estos episodios, que son altamente riesgosos para la gobernabilidad de la Provincia producto de la inacción de las autoridades, tal cual ocurre también con el reclamo de los docentes. En cualquier caso, claramente se ha generado un escenario de condena social y de escraches a los gobernantes.
La dudosa y enorme deuda contraída con CAMMESA
El Poder Ejecutivo y la propia empresa SECHEEP no han podido explicar, en términos claros, precisos y creíbles, el origen y la evolución de la deuda crónica que se contrajo con CAMMESA, en un proceso cuyos máximos responsables son Capitanich y Peppo.
El Chaco estuvo al tope de las mayores deudoras de CAMMESA durante el año pasado y hasta hace unos días, cuando el gobernador Peppo firmó en Buenos Aires el acuerdo con el director ejecutivo del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) para obtener la transferencia de 4.128 millones de pesos, según Ley 2993-F, y pagar a la distribuidora nacional la enorme deuda histórica acumulada al 30-09-2018. Las condiciones acordadas en noviembre del año pasado comprendieron el otorgamiento de un crédito que Chaco se comprometió a devolver en 48 cuotas mensuales, con 6 meses de gracia.
El Gobierno provincial tampoco informó los detalles de la cancelación de la deuda con CAMMESA. No se informó a la opinión pública el monto total de la deuda y sus componentes. No comunicaron cuánto dinero se debía en materia de capital e intereses, como tampoco el período (años) del endeudamiento contraído y la fecha de cierre y, por último, la forma y composición del pago. Nuevamente faltó transparencia y sobró oscuridad en el manejo de los fondos públicos.
El Gobernador, en declaraciones periodísticas, parcialmente informó que la cancelación de la deuda con CAMMESA comprendió la asistencia financiera del FFDP y la disposición de un saldo de bonos que Chaco tenía en cartera, que se había recibido como compensación del Pacto Fiscal firmado con la Nación en 2016 por el desistimiento del juicio que inició la Provincia, que tuvo por finalidad reclamar la devolución del 15% por Coparticipación que la Nación retenía con destino al financiamiento del sistema nacional de seguridad social.
Tres leyes y dos vetos pusieron en duda el acuerdo político alcanzado
Previo acuerdo entre oposición y oficialismo, la legislatura aprobó tres proyectos de ley presentados por el interbloque Cambiemos. Primero se sancionó la Ley 2990-A, por la cual se creó la comisión especial de seguimiento de la empresa SECHEEP, y el control de la implementación del Plan Eléctrico Provincial 2013-2033.
Se agregó la sanción legislativa 2991-A, cuyo objeto fue la realización de una auditoría externa sobre la empresa SECHEEP para efectuar el análisis financiero, operativo y de gestión durante el período 2013 y hasta la fecha.
También tuvo sanción legislativa el proyecto 2992-A, que estableció la suspensión del cobro a los usuarios del cargo tarifario específico durante el período abril a diciembre de 2019.
Por último, se aprobó la Ley Nº 2993-F, relacionado con el convenio de asistencia financiera por 4.128 millones de pesos, suscripto el 28 de noviembre de 2018 entre el FFDP y Chaco, monto que fue destinado en su totalidad a cancelar las deudas al 30 de septiembre de 2018, y a otras obligaciones por la compra de energía eléctrica, autorizándose al Estado Nacional a retener automáticamente los importes necesarios para la cancelación de las obligaciones de los recursos transferidos a Chaco, conforme el régimen de coparticipación federal.
Los sorpresivos vetos a las leyes 2991-A, que aprobó la auditoría externa a SECHEEP, y 2992-A, de suspensión del cobro del cargo tarifario específico hasta fin de año, dejaron muchas dudas acerca del verdadero acuerdo político logrado entre el oficialismo y la oposición teniéndose en cuenta el tratamiento legislativo dado a los proyectos y los argumentos desarrollados por el poder ejecutivo al intentar “fundamentar” los vetos.
Cuesta creer que durante los tratamientos en los bloques parlamentarios y las Comisiones Legislativas, asistidos por un ejército de asesores, se les haya pasado por alto las supuestas inconsistencias de orden constitucional, legal y hasta financieras esgrimidas por el Poder Ejecutivo para vetar dos leyes claves.
SECHEEP puede contratar una auditoría externa
SECHEEP puede contratar una auditoría externa sin la intervención del Tribunal de Cuentas de la Provincia. En realidad, debería hacerlo. En el artículo 9 de la Ley 200-A (antes Ley 1307), que creó la empresa SECHEEP, se establece que la organización y funcionamiento, así como los regímenes de contrataciones y financieros, serán establecidos por el estatuto que al efecto deberá dictar el poder ejecutivo. El Estatuto fue aprobado por Decreto 500/85 y contempla amplias facultades para celebrar contratos, entre ellos para contratar un servicio de auditoría externa.
El artículo 1º define que SECHEEP tiene la capacidad de las personas jurídicas del derecho privado en el ejercicio de sus atribuciones comerciales. Posee plena autarquía en su desenvolvimiento funcional, técnico y administrativo. A su vez, el artículo 4º dispone que SECHEEP podrá adquirir toda clase de derechos, contraer toda especie de obligaciones, ejecutando o celebrando todos los actos jurídicos y contratos establecidos en el Código Civil y Comercial. También el artículo 5º autoriza que SECHEEP celebre todo tipo de contratos.
En este contexto es perfectamente factible la contratación de un servicio de auditoría externa, de un profesional independiente o de un equipo de auditoría, sin intervención del Tribunal de Cuentas de Chaco, y sin afectar la jurisdicción y competencia de este organismo de control externo de la hacienda pública.
Sería muy saludable, en las actuales circunstancias, que las propias autoridades de SECHEEP dispusieran la revisión completa de los sistemas de control interno de la empresa, y que contraten un servicio de auditoría externa sobre los estados contables de la empresa, conforme a las normas contables profesionales vigentes aprobadas por el CPCE del Chaco. De esta forma se podría acceder a información transparente y fehaciente sobre la situación económica, patrimonial y financiera de la empresa energética provincial a través de la opinión calificada y certificada de un profesional independiente.
Auditoría externa en SAMEEP desnudó la falsedad de los argumentos del veto
Existen pocas dudas de que fueron falsos los fundamentos esgrimidos por el Poder Ejecutivo para vetar la Ley Nº 2991-A. La auditoría externa que se realiza en SAMEEP desnudó el engaño del veto.
El antecedente de la existencia de una auditoría externa sobre los estados contables de SAMEEP, que es un organismo público estatal con similares atributos jurídicos, operativos y de gestión que SECHEEP, demolió el endeble argumento jurídico esgrimido por el Poder Ejecutivo al fundamentar el veto de la Ley 2991-A.
El veto se apoyó en un motivo falso cuando se afirmó que la realización de auditorías en organismos estatales es facultad exclusiva y excluyente del Tribunal de Cuentas de la provincia del Chaco.
La falta de transparencia en la gestión de las autoridades de la empresa SECHEEP y las limitaciones para acceder a la información pública, contrastan con la política de transparencia de su similar SAMEEP, lo que no significa que esta empresa esté bien administrada sino todo lo contrario.
En efecto, hace más de diez años la empresa SAMEEP cuenta con un servicio de auditoría externa, que se lleva adelante a través de una reconocida contadora pública matriculada que, en su carácter de profesional independiente, emite un informe de auditoría de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes, certificado por el CPCE del Chaco.
Visitando el sitio oficial de SAMEEP se puede acceder a los estados contables publicados desde el año 2008 hasta el último 2015 y corroborar las copias de originales de los Balances de la empresa SAMEEP con los informes de auditoría autenticados por el CPCE del Chaco.
La historia de SECHEEP y su crisis actual y futura
Es oportuno recordar los antecedentes históricos de SECHEEP y su relación con la crisis actual. La historia de la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica en el Chaco está signada por el desarrollo asimétrico y desordenado de diversas entidades prestatarias que, desde sus orígenes hace más de un siglo, se diferenciaron entre empresas que prestaron servicio en el área Capital y las del interior de Chaco. Integrarlas en una sola organización fue un proceso muy difícil debido a que funcionaron, por mucho tiempo, como compartimientos estancos.
La primera energía en Chaco se generó en 1885 en manos de la desaparecida Compañía Azucarera Las Palmas del Chaco Austral, y se distribuyó como un servicio gratuito a la población de esa localidad.
En 1907 se inauguró la primera usina eléctrica en Resistencia para abastecer solo al alumbrado público. En 1925 la Compañía Suizo Argentina de Electricidad compró la primera usina montada en Sáenz Peña, extendiendo en 1930 una red eléctrica en cuatro localidades que fueron Sáenz Peña, Quitilipi, Machagai y Presidencia de la Plaza, en un radio de 60 km.
En 1962 la Compañía Suizo Argentina fue transferida, sin cargo, por el Gobierno Nacional a la Provincia. Así nació la Empresa Provincial de Electricidad del Chaco (E.P.E.CH.), que fue una sociedad de economía mixta que, junto con 32 instituciones cooperativas y algunos municipios, brindó el servicio eléctrico urbano en todo el interior provincial.
El primer escollo a superar por la flamante empresa provincial de electricidad fue la organización técnica, administrativa y contable. Mientras tanto, la Cía. Suizo Argentina seguía facturando los consumos desde Buenos Aires. Fue muy difícil sustituir la estructura funcional de una Compañía extranjera consolidada por más de treinta años en el interior provincial, y conseguir el personal técnico capacitado para continuar prestando servicios y facturar los consumos de los usuarios. Estas deficiencias administrativas y contables subsistieron a lo largo de décadas, y fueron consolidándose gestiones más o menos eficientes pero poco transparentes.
En 1972 cesó el funcionamiento de la E.P.E.CH., y se creó la Dirección General de Energía del Chaco (Di.G.E.CH.), que dependía de la cartera de Obras y Servicios Públicos, entidad conformada por un Sector con asiento en Resistencia y un Sector encargado de la prestación del servicio eléctrico, con sede central en Sáenz Peña, para todo el interior provincial, coexistiendo con las entidades cooperativas que siguieron atendiendo la prestación del servicio en algunas localidades del interior.
Finalmente, en 1973 y por Ley 1307, se creó SECHEEP en 1985, a lo que siguió el Decreto 500, que reglamentó dicha Ley y se aprobó el Estatuto de la empresa. Así llegamos hasta nuestros días, con una empresa fragmentada, bicéfala, opaca, fruto de múltiples emprendimientos públicos y privados, que estuvo sometida a los vaivenes políticos del gobierno nacional, provincial y también de gobiernos municipales.
A la luz de la profunda crisis que reina en la empresa SECHEEP, ahora se impone la urgente necesidad de revisar lo hecho hasta aquí y, tal vez, cerrar el ciclo de una empresa que, así como está, no puede seguir funcionando y no le sirve a la comunidad chaqueña.
*Fuente: www.chacodiapordia.com
