Fotos sexuales con IA : Confirman la elevación a juicio de joven que desnudaba digitalmente a sus compañeras

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La Justicia confirmó el proceso en un fallo inédito que marca un antes y un después en el país. El fiscal Pablo Cuenca Tagle advirtió que la pena por las lesiones psicológicas podría llegar a los 20 años de prisión. El hecho se produjo en 2024; el imputado tiene 19 años y las víctimas entre 15 y 16.

La Justicia de Córdoba elevó a juicio la causa contra un exalumno del Colegio Manuel Belgrano por usar Inteligencia Artificial para crear imágenes sexuales de sus compañeras. El imputado, que fue expulsado tras el escándalo, enfrenta cargos por violencia de género y lesiones graves que podrían dejarlo tras las rejas por 20 años.

Según la investigación, el joven robaba fotos de los perfiles de WhatsApp e Instagram de las víctimas para luego «desnudarlas» mediante herramientas digitales. El material era viralizado en grupos de mensajería, provocando un daño psicológico que los peritajes calificaron como devastador.

Un fallo inédito que marca el camino

Aunque el Código Penal no tiene una ley específica para la «IA sexual», el fiscal Pablo Cuenca Tagle logró encuadrar el caso bajo la figura de lesiones graves calificadas. Se trata de una resolución sin precedentes en Argentina que busca castigar el acoso digital con la misma dureza que un ataque físico.

El juicio será clave para las jóvenes afectadas, quienes sufrieron la viralización de sus rostros en escenas pornográficas creadas sin su consentimiento. El caso tomó relevancia nacional ante la falta de una normativa clara sobre el uso indebido de estas tecnologías en el país.

En paralelo, el diputado nacional por Córdoba Juan Brügge impulsó un proyecto de ley para el uso responsable de la IA, con el objetivo de proteger derechos ciudadanos y garantizar una aplicación ética y transparente.

La iniciativa apunta a identificar riesgos potenciales de la IA en relación con los derechos humanos y se basa en legislaciones de otros países y en criterios técnicos y jurídicos de expertos. Incluye un sistema de multas y la posibilidad de acciones judiciales directas para quienes resulten afectados. Alcanza a proveedores, responsables del despliegue, importadores, distribuidores, fabricantes y usuarios de IA en el país.

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