Las empresas de telecomunicaciones aseguran que el DNU les genera un daño grave y preparan sus estrategias legales

El argumento del Estado: las empresas no escucharon el pedido de no aumentar y esa subas iban a ir destinadas a los sectores más vulnerables.

Sorpresa, enojo e incertidumbre. Todo eso junto. Pasaron varios días, pero el ejecutivo de una de las principales empresas de telecomunicaciones de Argentina describió de esa manera el clima que se vive en su compañía luego del decreto presidencial que declaró como servicios públicos en competencia a la telefonía móvil, internet y la tevé por cable, y congeló sus precios hasta diciembre. Si no estuvieran trabajando de manera remota, tendría a pocos metros a su colega de la dirección de Legales delineando la estrategia que seguirán, quizás en el Ciadi, el tribunal para empresas e inversiones del Banco Mundial. El ida y vuelta entre los integrantes de la cúpula de esa empresa no tiene pausa. No es la única grande del sector en la que se vive la misma situación.

“Cuesta entender la razón de tan innecesaria e injustificada decisión tomada unilateralmente”, dijo la industria de las telecomunicaciones en una solicitada conjunta que adelantó este medio en la noche del lunes. Allí hablan de que “semejante cambio de reglas intempestivo e inconsulto produce un profundo impacto negativo” y piden que se reconsidere el decreto. Firman las principales compañías, cámaras de comercio –de EEUU y de varios países de Europa– y otras firmas del sector. En charlas informales sus representantes son bastante más directos: acusan al Gobierno y juran que siguen sin entender la medida.
“La verdad, son días tensos. Si todo esto es por Clarín, es insólito porque están matando y desfinanciando a toda una industria por un capricho. Si es así, el daño colateral será inmenso, con empresas grandes, pymes, cooperativas y todo un ecosistema tremendamente afectados. Es una sobrerreacción que no se entiende por más ideológico que sea el trasfondo”, aseguró el ejecutivo.

Alberto Fernández

Un colega suyo puso el eje en otros de los puntos que generaron polémica en las últimas horas: el dinero del llamado Fondo Servicio Universal (FSU), un instrumento que se nutre con el 1% de la facturación de las telcos que administra el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). “Actualmente, y según las estimaciones de funcionarios de la gestión anterior, el FSU tiene un saldo de alrededor de $11.000 millones”, escribió en su blog, hace un mes, el analista Enrique Carrier.

“La llegada de la pandemia puso en evidencia que todavía falta mucho para la universalización del servicio (tanto aquí como en otros países), exigiendo entonces un sacudón al tema para poder canalizar mejor y más rápido los fondos que se acumulan mensualmente“, detalló el especialista en telecomunicaciones. Además, explicó algunos cambios que la actual gestión realizó y finalizó su comentario: “Es una buena medida que el Enacom haya decidido movilizar los fondos del Servicio Universal los que, a juzgar por la información publicada por el mismo regulador, estaban siendo subutilizados”.

“¿Ese dinero está? ¿Cómo se maneja? Las empresas lo pusimos, pero tampoco están usando la opción de Arsat como mayorista para intentar regular los precios con la oferta y la demanda”, duda otro hombre de la industria.

“Ese dinero está y se usa para conectividad, con esos fondos no se puede subsidiar a nadie. Estamos pensando hoy, pero también en lo que pasará luego de la pandemia. Con ese dinero vamos a lugares a los que las empresas no van porque dicen que pierden plata. Los que no usaron el Fondo son las autoridades del gobierno anterior. Desde que asumimos invertimos en planes de inclusión”, aseguran desde despachos oficiales.

Claudio Ambrosini, presidente del Enacom

Según el Enacom, los planes actuales del FSU se distribuyen de esta manera: plan de infraestructura para internet destinado a Villas y Asentamientos, $1.000 millones; Acceso en zonas adversas, $300 millones; Internet para instituciones públicas, $2.000 millones; Redes móviles en corredores viales, $500 millones; Aumento de la Red Federal de Fibra Óptica, $3.000 millones; y Aportes No Reembolsables (ANR), $1.500 millones. De ese total se ejecutaron unos $1.000 millones, pero hay que sumar los planes vigentes de años anteriores.

Por estas horas, el Gobierno sostiene sus argumentos: las empresas no escucharon el pedido de no aumentar y esas subas iban a ir destinadas a los sectores más vulnerables: los usuarios de telefonía fija, los adultos mayores, y los prepagos móviles, estudiantes y personas de bajos recursos. “Nos prometieron las subas hace meses y la opción de hacer públicos a los servicios nunca estuvo sobre la mesa”, se quejan en las compañías.

Papers

Son varios los documentos informativos que el sector telco distribuyó –sin sellos de ninguna empresa– desde que se conoció el decreto. En ellos se asegura que en “los últimos 10 años (2010-2020), la industria en su conjunto invirtió USD 20.000 millones, una contribución del 2,4% del PBI”; y hacen una comparativa con legislaciones de otros países, como Canadá, Finlandia, Corea, Francia y Holanda, en los que si bien se declaró a los servicios como básicos –e incluso como un derecho– en ningún caso se reguló los precios. Otro documento se titula “Declarar como servicios públicos a las telecomunicaciones desacelera inversiones y perjudica a los usuarios” y enumeran algunos puntos que explican el contexto y por qué caerán esas inversiones. Aquí, un resumen:
– “Las telecomunicaciones no son servicios monopólicos. A diferencia de los servicios que en Argentina son considerados esenciales (y regulados como públicos) como el gas, el agua y la electricidad, los clientes pueden optar entre varios prestadores y cada empresa presenta una variedad de ofertas y precios”.
Ambrosini con los representantes de las empresas, en una reunión a fines de mayo
– No hace falta un decreto para garantizar el acceso. “Según el Indec, 84 de cada 100 personas tienen teléfono celular y 80 de cada 100 utilizan Internet. En paralelo, solo el 56,4% de los hogares, que abarca al 50,1% de la población, accede a los servicios de agua corriente, cloacas y gas natural. Como contracara, el 43,6% de los hogares carece al menos de uno de los servicios considerados. Estos hogares concentran el 49,9% de las personas”.
– “La desfinanciación de la industria frena inversiones claves. La economía del futuro depende de una red robusta de telecomunicaciones que exige inversiones intensivas y constantes en millones de dólares. Para esto, es crucial mantener un nivel de precios que permita el financiamiento de las inversiones necesarias para la provisión y expansión eficiente de los servicios. La reciente ley de Economía del Conocimiento y las nuevas formas de trabajo solo pueden potenciarse con mejoras en esta red. La liberalización, y el subsecuente crecimiento de la competencia e inversiones, permitió que hoy sea posible la adopción masiva de herramientas de teletrabajo. Una regulación como la que se busca imponer pone en riesgo el futuro cercano de las nuevas modalidades de trabajo”.
– “Durante los años de mayor libertad y competencia los servicios de telecomunicaciones mejoraron sustancialmente. Entre 2015 y 2020, la velocidad promedio de conexiones fijas de Internet pasó de 4,5 mbps a 20,4 mbps; la cantidad de hogares con este tipo de conexión pasó de 6,7 a 9,0 millones; la cantidad de localidades con 4G aumentó del 16% al 83%; y la cantidad de km iluminados de fibra óptica de Arsat creció de 6.500 a 30.000”.
– “El período en el que la telefonía fija tuvo condición de servicio público y era prestado por el Estado, éste fue incapaz de comprometerse a mantener tarifas que permitan el financiamiento de las inversiones”.
– “Pierde el usuario. La intervención tarifaria abre la puerta a ineficiencias que de un modo u otro termina pagando el usuario. Esto mata el fin social que se pretendía lograr con la reducción de la brecha digital”.
– “El congelamiento de tarifas y la regulación intervencionista de servicios en competencia constituyen otro precedente negativo para la recuperación económica del país, al desincentivar futuras inversiones, no sólo en la industria de las telecomunicaciones. Como señal ‘anti seguridad jurídica’ se suma a la expropiación de Vicentin, la reforma de la justicia, el avance contra la labor periodística (Parrilli), etc.”.
Algunos ejecutivos aún confían en que buena parte de ese impacto podría atenuarse en la reglamentación del decreto, que estará a cargo del Enacom. Otros no tienen casi esperanzas, más allá de que irán a denunciar a la Justicia lo que definen como un atropello a toda una industria.