La Justicia ordenó al Gobierno nacional resolver de inmediato una pensión demorada hace más de un año
La Secretaría Nacional de Discapacidad había apelado el fallo que la intimó a expedirse sobre una solicitud de Pensión No Contributiva por Invalidez iniciada en marzo de 2025. La Cámara Federal de Resistencia ratificó que existió una demora injustificada.
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó que el Estado Nacional debe resolver un pedido de Pensión No Contributiva por Invalidez que llevaba más de un año sin respuesta administrativa. El tribunal consideró que el tiempo transcurrido desde el inicio del trámite excedió ampliamente cualquier parámetro de razonabilidad y que los argumentos de la Secretaría Nacional de Discapacidad para justificar la demora fueron genéricos e insuficientes.
La resolución fue dictada el 6 de noviembre en el expediente «A., R.A.c/ Secretaría Nacional de Discapacidad dependiente del Ministerio de Salud de la Nación s/ amparo por mora de la Administración», proveniente del Juzgado Federal 1 de Formosa.
Según pudo saber LITIGIO, el caso se inició a partir de una solicitud de Pensión No Contributiva por Invalidez presentada el 13 de marzo de 2025. Según la documentación incorporada a la causa, al momento de promoverse la acción judicial, el 23 de abril de 2026, el trámite continuaba sin resolución y figuraba en estado “Inicio de prestación”.
Ante esa situación, R.A.A. recurrió a la Justicia mediante un amparo por mora de la Administración para que el organismo nacional cumpliera con su obligación de emitir una decisión.
El 11 de agosto de 2026, el juez federal de primera instancia hizo lugar al planteo e intimó a la demandada a dictar una resolución en un plazo de diez días hábiles. También le impuso las costas del proceso y reguló los honorarios profesionales.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) apeló esa decisión. Entre sus argumentos, cuestionó el plazo otorgado por considerarlo demasiado breve, al sostener que el otorgamiento de una pensión requiere un procedimiento administrativo con distintas instancias de evaluación para resguardar el interés público y el uso de los fondos estatales. También rechazó la imposición de costas y cuestionó los honorarios fijados para el abogado de la demandante.
La justificación oficial no alcanzó
Al analizar la apelación, las juezas de Cámara Patricia García, Rocío Alcalá y María Virginia Ise consideraron acreditada la mora de la Administración.
En su defensa, el organismo nacional había explicado que, a partir del Decreto 942/2025, la recientemente creada Secretaría Nacional de Discapacidad estaba trabajando para normalizar las demoras heredadas de la anterior Agencia. También informó que había remitido un requerimiento a la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, donde se encontraba el trámite evaluatorio, para obtener una respuesta sobre la solicitud.
Sin embargo, para el tribunal esos argumentos no justificaban el tiempo transcurrido. Las magistradas remarcaron que, si bien los trámites administrativos requieren procedimientos e intervenciones de distintas áreas, en este caso había pasado más de un año desde el inicio de la solicitud sin que existiera una resolución ni constancias de movimientos que explicaran la demora.
“La sola alegación de que el trámite administrativo requiere de varias etapas para emitir la decisión no constituye, por sí sola, una explicación adecuada para justificar la demora en la que incurrió”, señalaron.
Además, observaron que la demandada no aportó elementos probatorios concretos y circunstanciados que permitieran explicar las razones de la demora ni acreditar el cumplimiento del circuito administrativo invocado.
Por esos motivos, concluyeron que la mora estaba debidamente configurada y que correspondía mantener la procedencia del amparo.
Amparo por mora
En su resolución, la Cámara también explicó los alcances de esta herramienta judicial prevista en el artículo 28 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549.
Los jueces recordaron que el objetivo del amparo por mora no es que la Justicia resuelva el fondo de una solicitud administrativa, sino que ordene a los organismos públicos cumplir con su obligación de expedirse cuando dejaron vencer los plazos legales o cuando transcurrió un tiempo irrazonable sin emitir una decisión.
En otras palabras, el fallo no implica que la Justicia haya otorgado directamente la pensión solicitada, sino que obliga a la Administración a resolver el expediente y comunicar una decisión fundada.
La Cámara también rechazó el cuestionamiento de la ANDIS sobre la imposición de costas. Consideró que fue la conducta omisiva del organismo la que obligó a la demandante a recurrir a la Justicia y afrontar gastos de representación legal para obtener una respuesta que debía brindar la propia Administración.
La reducción de los honorarios
El único aspecto en el que la Cámara hizo lugar parcialmente a la apelación fue en la regulación de los honorarios del abogado de la demandante. En primera instancia habían sido fijados en 20 UMA, pero el tribunal consideró que, por tratarse de un amparo por mora y no de una acción de amparo convencional, correspondía aplicar el artículo 44, último párrafo, de la Ley 27.423.
En consecuencia, redujo los honorarios a 7 UMA, equivalentes a $756.035, más IVA si correspondiere, según el valor de la unidad arancelaria vigente desde septiembre de 2026.
La Cámara también rechazó el planteo del organismo contra la eventual aplicación de intereses moratorios, al considerar que se trataba de un agravio hipotético y futuro. Finalmente, impuso las costas de la segunda instancia a la demandada, que resultó vencida en su apelación.
*Litigio
