El Procurador General Jorge Canteros desmintió agresiones físicas contra la juez Pérez y ataques a la sede judicial

Bajo un pedido de justicia por el femicidio de una menor de edad de la comunidad wichí, manifestantes aborígenes llevaron adelante una protesta este miércoles que implicó una fogata frente al Juzgado de Paz y Faltas de El Sauzalito y el encierro de la magistrada Noemí Pérez. Esto último desató dos versiones: la de la juez que denunció privación ilegitima de la libertad y la del Ejecutivo provincial que, mediante un comunicado, la desmintió .

Para conocer los detalles de la desmentida oficial y de la reunión que encabezaron el Procurador General de la provincia, Jorge Canteros, y la ministra de Seguridad, Gloria Zalazar, Diario Chaco  dialogó con el funcionario quien detalló el dialogo «fructífero» que mantuvo este jueves durante más de dos horas con miembros de la comunidad.

«La manifestación se desarrolló con normalidad y no hubo bloqueo del ingreso o egreso a la sede judicial. No hubo privación de la libertad ni toma de rehenes como también trascendió», comunicó en las últimas horas el Gobierno, desmintiendo de esta manera a la juez y asegurando que fueron «trascendidos de medios de comunicación».

Sin embargo, fue la propia jueza Noemí Pérez quien en dialogo con este medio aseguró que no le permitieron salir y además ratificó sus dichos tras el comunicado del Ejecutivo. «Indignadísima», fue una de las reflexiones de la magistrada.

El Procurador Canteros se expresó en sintonía con lo informado por el Gobierno. A DCH señaló que sus «certezas» son que «la juez no sufrió ninguna agresión física, a ella no la golpearon en ningún momento». «Ella se pudo haberse ido en ese momento del juzgado -al inicio del reclamo- y salir con custodia policial hacía su casa» , añadió el jefe de fiscales.

En la versión que reconstruyó Canteros, en base a testimonios y a lo que informó el jefe de la Policía de El Sauzalito, Pérez ingresó nuevamente a la sede judicial una vez iniciado el reclamo «y después tuvo temor a salir, esa es la realidad. Se quedó en el Juzgado desde las 13 horas que es su horario de salida hasta las 0.45 que firmaron un acta y se fue a su casa custodiada por la Policía».

Yo entiendo la mirada de alguien que está impedido de ir a su casa a la salida del horario del trabajo, la mirada de ella es de una privación ilegítima de la libertad. Esa es su mirada. La Policía tiene otra versión, nos decía que ella se podía haber ido.

El escenario planteado es opuesto al que denunció públicamente la jueza. Es que tanto el comunicado de Gobierno y el Procurador general advierten que ella pudo haberse ido a su domicilio. Ante la repregunta de DCH , Canteros confirmó que efectivamente la juez, una secretaria y un empleado estuvieron encerrados, pero por el «temor» que señaló anteriormente. «Eso lo toma -Pérez- como una privación ilegítima de la libertad, lo que estoy seguro es que no sufrió agresiones físicas ni hubo daño material».

OTRAS DESMENTIDAS

Siguiendo la reconstrucción de los hechos, Canteros planteó sus «certezas» y aseguró que el día de la polémica, la mayoría de las personas presentes eran mujeres. «Lo que nosotros pudimos sacar de toda esta charla es que la juez no sufrió ninguna agresión física. Esas fueron referencias que teníamos de los comentarios de otros jueces de paz que no estuvieron en el lugar, decían que ella había sufrido una cachetada. El propio comisario Octavio Molina, que fue el que la envolvió con su cuerpo cuando los manifestantes estaban, nos dijo que a la juez no la tocaron«.

Sobre la agresión, que otros magistrados advirtieron, al medico que fue atender a la doctora Pérez -quien tiene diabetes- dijo: «Eso fue totalmente desvirtuado. Según las declaraciones de Octavio Molina y del Supervisor Regional, que ya estaba presentes en el lugar, el médico entró y salió».

La comunidad, durante la visita de Zalazar y Canteros, entregó un petitorio dirigido al Ministerio Público Fiscal y al Superior Tribunal de Justicia con quejas hacía la jueza Pérez y su par Morales Bordón. «Yo les expliqué que ni el STJ ni yo tenemos facultades para trasladar o para hacer renunciar a un magistrado, eso tiene que ser canalizado a través del Consejo de la Magistratura», indicó el procurador.

Finalmente concluyó, mediante la supervisión que realizó, que no se registraron daños materiales de ningún tipo y advirtió que «algunas decisiones habrá que tomar tanto desde el Superior Tribunal de Justicia como del Ministerio Público Fiscal porque los reclamos son fuertes» .

*Fuente: Diario Chaco