La Justicia intimó a Zdero y a Ferro a no expresarse en contra del fallo por el Lote 88
La jueza Civil y Comercial de Juan José Castelli, Selva Sandra Gaynecotche, intimó al gobernador del Chaco, Leandro Zdero, y al hasta ayer ministro de Gobierno, Julio Ferro, a abstenerse de expresar declaraciones públicas orientadas a desconocer la sentencia judicial que ordenó al Poder Ejecutivo otorgar el título de propiedad comunitaria del Lote 88 de Miraflores a la asociación indígena “Mujeres Fuertes”.
La medida se da a pedido de la abogada de la asociación indígena, Carolina Aquino, en respuesta a la catarata de declaraciones públicas de ambos funcionarios, propalada por los medios oficialistas, en las que señalan una serie de objeciones al fallo y que incurren en la desobediencia de una medida cautelar dictada en marzo de 2020 que conminó a los funcionarios provinciales a no expresarse en forma contraria a la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las órdenes judiciales que se encuentran firmes.
A las declaraciones públicas de Zdero y el exministro Ferro que solo aportaron a profundizar la conflictividad social en esos territorios, se sumaron una batería de medidas impulsadas por los abogados de la Fiscalía de Estado para tratar de impedir la ejecución de la medida judicial que quedó firme hace más de doce años y que ya forma parte de la jurisprudencia en materia de derechos de los pueblos indígenas de la provincia del Chaco. Todas las “alternativas” propuestas por el gobierno de Zdero implican desobedecer una sentencia firme y avasallar los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios ancestrales, reconocidos constitucional y convencionalmente.
Por otro lado, la asociación indígena “Mujeres Fuertes” presentó ante la jueza su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas, que fue uno de los múltiples obstáculos que planteó el gobierno de Zdero para demorar el cumplimiento de la medida judicial, con el argumento de que no se encontraba inscripta en el padrón del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACh).
La medida cautelar dictada que prohíbe formular declaraciones públicas contrarias a la sentencia judicial fue dictada en marzo de 2020, durante la gestión del exgobernador Jorge Capitanich, y apuntaba contra las expresiones de la por entonces ministra de Desarrollo Territorial, Marta Soneira, y también al intendente de Miraflores. Ahora, cobra actualidad ante la andanada de expresiones que buscan desconocer algo que legalmente no tiene vuelta atrás. En caso de incurrir en desobediencia de la disposición, se aplicarán multas económicas a los responsables.
*FUENTE: Litigio.com.ar
