YA SON 36 LOS LOTES OCUPADOS POR FAMILIAS ABORÍGENES EN MIRAFLORES Y PREOCUPA EL CLIMA DE TENSIÓN QUE SE VIVE
El proceso de ocupación de campos por parte de familias aborígenes no cesa y ya son más de 300 personas consitiuídas en al menos 36 familias que se posesionaron en campos privados que están ubicados dentro de la reserva de 10 mil hectáreas que reclaman las comunidades aborígenes como parte del territorio ancestral.
Según este reclamo, hace 90 años se firmó un acuerdo con el Gobierno Nacional para la devolución de 10 mil hectáreas que eran parte del territorio ancestral de los pueblos aborígenes, pero que con el correr del tiempo muchas de esas parcelas se fueron adjudicando a pobladores criollos y gringos que llegaban para trabajar la tierra o criar animales. Hoy, muchos tienen títulos de propiedad y otros están con permisos de ocupación otorgados por el organismo oficial de Tierras del Chaco.
La disputa por estas tierras se convirtió en un complejo conflicto social con una difícil solución, tanto desde lo administrativo como desde lo judicial.
Por un lado, familias de comunidades aborígenes que están convencidas de que las tierras les correponde por Ley y que son parte de una herencia ancestral de generaciones anteriores que habitaron la zona teniendo como líder y referente al cacique Quiaxahuail, conocido como Juan Árias.
Por otro lado, productores criollos y gringos que padecen la impotencia de ver cómo sus campos donde trabajaron durante décadas están siendo ocupados de manera deliberada y masiva.
Más allá de los procedimientos judiciales a partir de denuncias por usurpaciones, es necesaria una urgente salida política donde el Estado Provincial busque los mecanismos para evitar situaciones aún más dramáticas.
Las nuevas ocupaciones se expanden por distintos Lotes de campos pertenecientes a diferentes dueños, comprendidos dentro de esas 10 mil hectáreas que se reclaman como patrimonio ancestral.
Históricamente, aborígenes, criollos y gringos conviven en armonía, cada uno con sus costumbres y tradiciones, pero siempre dentro de un marco de fraternidad. Sin embargo, hoy se vive en medio de una tensión sin precedentes y si el Estado no encuentra una salida justa en lo inmediato la situación puede desbordarse.
EL CONSEJO DE RECUPERACIÓN DE TIERRAS
Representantes de numerosas familias aborígenes de la zona, el pasado 18 de agosto crearon el Consejo de Recuperación Territorial integrado por 36 comisiones de recuperación que previamente habían sido constituídas por cada familia a medida que iban tomando posesión de las tierras.
Este Consejo tiene como principales referentes a Francisco Segovia y Ariel Sánchez, pero a la vez cuenta con un equipo compuesto por ocho ancianos que son quienes relatan la historia de las comunidades y ocho jóvenes que son los que impulsan el proceso de recuperación de tierras. Dentro de este sistema de organización, aparece la figura de Pablo Denardi y según su testimonio, cumple el rol de “interpretar lo que las comunidades quieren expresar y a la vez oficiar de traductor para llevar adelante los reclamos”.
El objetivo de este Consejo es recuperar las tierras comprendidas dentro de la reserva de 10 mil hectáres según la Ley Nacional 26.160 que establece la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país.
LOS NUEVOS OCUPANTES
Así se denominan las más de 300 personas que ya están posesionadas en diferentes Lotes rurales cercanos a la localidad de Miraflores, tanto de comunidades Tobas como Wichí. No quieren que se los trate de “usurpadores” u “ocupas” ya que aseguran que su presencia en esos territorios es el principio de una reividicación históricas de tierras ancestrales.
En la mayoría de los predios ocupados, ya se han asignado parcelas de 11 hectáreas a cada familia para que puedan construir sus viviendas e inclusive criar animales o sembrar para el consumo. En cada casa improvisada de manera precaria, habitan entre 5 y 10 integrantes de una familia, entre ellos niños que muchos tuvieron que abandonar la escuela. Viven en la precariedad, a la intemperie en medio del monte expuestos a todo tipo de adversidades. Algunos están desde el mes de abril cuando comenzó el proceso de ocupación de campos y otros se fueron sumando con el transcurrir del tiempo.
PEDIDO DESESPERADO DE LOS PROPIETARIOS
Entre las tierras en conflicto de la reserva hay 31 lotes con títulos de propiedad otorgados a pobladores, en su mayoría criollos, que desde hace décadas habitan esas tierras impulsando emprendimientos productivos de ganadería y cultivo. Además, hay lotes con títulos comunitarios en trámite, otros que están en una comisión revisora, aborígenes con propiedades individuales y lotes que fueron afectados al ejido municipal de Miraflores, pero que también forman parte de este conflicto coyuntural histórico.
Las familias afectadas por la ocupación de sus campos no pueden creer la situación que están atravesando y realizaron un pedido desesperado a las autoridades competentes. Desde el Municipio, el Intendente Néstor Amarilla se comprometió en acompañar con las gestiones ante los organismos pertienentes para encontrarle una salida, pero el tiempo transcurre y la situación se agrava.
Al respecto, una antigua pobladora de la zona que padece esta situación relató: “nos costó 50 años esta integración entre aborígenes, criollos y gringos, lo que representa un verdadero crisol de razas en Miraflores; y no puede ser que venga gente de otros lugares a destruir toda esta paz y esta armonía con la que hemos convivido a lo largo del tiempo”.
Los pobladores responsabilizan a Pablo Denardi y al abogado Tomás Benedeto de ser los presuntos instigadores para que las familias aborígenes ingresen a los campos aferrándose al reclamo histórico de estas tierras comprendidas dentro de la reserva de las 10 mil hectáreas.
“No pueden actuar de esa forma, ni siquiera avisando cuando van a ingresar a los campos porque vos te despertás a la mañana y te encontrás con carpas de familias aborígenes dentro de los campos usurpando, es algo que nunca en mi vida pensé que íbamos a vivir “, relató esta pobladora que vie desde hace 50 años en la zona trabajando junto a su familia.
LA SITUACIÓN JUDICIAL
En las Fiscalías de Castelli hay 26
denuncias penales contra familias aborígenes que están posesionadas en los campos. Hasta el momento solamente se realizaron operativos de constataciones, identificaciones de personas e intimaciones a que abandonen los lugares, pero nadie acató esta medida. El Fiscal Obregon ya tiene imputaciones en algunas de las causas penales y no descarta ordenar desalojos, mientras que desde el punto de vista político se conformó una mesa de trabajo a nivel provincial integrada por distintos organismos oficiales.
TEXTO Y FOTOS : José María Cuellar
Publicado en Diario Norte el domingo 23 de septiembre